Los Servicios Públicos y su deriva en el tiempo.

Desde la crisis de los 70 a niveles europeos y desde la década de los 80 a niveles del estado español, han sido demasiados años contemplando como los servicios esenciales para la comunidad y las empresas públicas, por medio de las cuales se prestaban parte de estos servicios, patrimonio de toda la sociedad-, eran convertidos en negocio y expropiados a la mayoría. A partir de los años 70, en este capitalismo liberal, se lleva a cabo la desposesión de los servicios esenciales para la comunidad, a través de su mercantilización y las privatizaciones de las empresas públicas.

Unas veces directamente empresas multinacionales, y otras los distintos gobiernos, transfieren lo público a la voracidad del mercado en nombre de la “eficacia” y el “bien común”, expoliando derechos de las personas, esenciales para la vida: la salud,  la enseñanza pública, la educación superior, la energía, los transportes, la comunicación y en parte los sistemas públicos de Seguridad Social en capítulos tan esenciales como las Pensiones.

La Unión €uropea liberalizó el mercado de los servicios y no reconoce claramente los servicios que son de interés general, no comerciales. Los tratados transatlánticos sobre inversiones y comercio (CETA, TTIP, TISA, etc…), amplifican la liberalización en base a tres premisas fundamentales:

  • La desregulación.
  • La supresión de cualquier límite al “libre comercio”, eliminación de derechos sociales, derechos laborales, límites medioambientales, límites fiscales, etc.
  • La priorización de seguridad jurídica del inversor por encima de cualquier norma y derecho de los estados.

En el estado español, con los gobiernos del PSOE (años 80 y 90) y, a posteriori,  (años 90 y 2000) con los gobiernos del PP, se entregaron al mercado privado la mayoría de las Empresas Públicas (Astilleros, Aluminio, Hierro, Automoción, Turismo, Autopistas, Electrónica, papel,) y se externalizaron Servicios Públicos que son esenciales para la Vida: Energía (petróleo, electricidad, gas….), Comunicación, Transportes por tierra mar y aire, conciertos sanitarios o educativos, etc…

Las grandes corporaciones-Empresas privadas del Ibex 35 (las eléctricas, las gasistas, las de comunicación, etc.), que antes eran públicas, en los 8 años de su “crisis-estafa”, se han embolsado privadamente más de 272.572 Millones de € netos. 

¿Gestiona mejor lo privado? ¿Lo vuelve más eficiente? ¿Mejora las condiciones laborales y sociales? ¿Mejora las condiciones de accesibilidad a estos Servicios Públicos? ¿Es un sistema más equitativo?

La realidad lo desmiente: La crisis-estafa que el capitalismo genera a partir del 2007, agudiza de manera letal la desposesión. En el período 2009-2014 en el estado español, la reducción del gasto público se acerca a los 78.000 millones de euros.

En las Administraciones Públicas recortan la plantilla, hay pérdida de un 15% de IPC en los últimos 4 años, además de la inestabilidad laboral, precariedad y la congelación salarial de quienes tienen que velar por la ejecución de unos Servicios Públicos de calidad para la ciudadanía.

En el Ayuntamiento de Zaragoza (como en la mayoría de las administraciones públicas) se está sufriendo una falta de personal inasumible en los últimos años desde que comenzó esta estafa a la que llaman crisis. Desde el año 2008 la plantilla se encuentra reducida en mil efectivos aproximadamente, y con una merma constante año tras año, todo ello debido a las medidas de austeridad del Gobierno Central.

LA LÓGICA DE LO PÚBLICO

Su objetivo es la satisfacción de necesidades sociales y éstas son universales, nos afectan a todas las personas a lo largo de nuestra vida.

¿Por qué el transporte, la sanidad, la educación, los cuidados, la cultura, el agua, el gas, la electricidad, el espacio, el suelo, deben ser Públicos?

Porque las personas tenemos necesidades desde que nacemos:

  • De ser cuidadas en la infancia o cuando sufrimos dependencia.
  • De educarnos y adquirir conocimientos para pensar y actuar como personas con autonomía.
  • De que nuestra salud sea buena y adecuada.
  • De poder disponer y utilizar los medios esenciales para la vida: alimentos, energía, agua, viviendas.
  • De tener transportes para relacionarnos con las demás personas, trasladarnos a los trabajos.
  • De tener pensiones adecuadas y suficientes cuando termina nuestro ciclo de trabajo obligatorio.
  • De tener prestaciones sociales suficientes en los casos de desempleo, invalidez…

Son al fin y al cabo las personas que prestan sus servicios en las administraciones públicas quienes velan y hacen posible que todas estas necesidades sean derechos. Las grandes empresas consiguen mediante la degradación paulatina de los servicios públicos, mediante la eliminación de su personal, generando un falso discurso de ineficiencia e ineficacia, terminar privatizando estos servicios y dirigirlos a manos privadas donde obtener pingües beneficios.

Las grandes empresas responsables de la burbuja inmobiliaria, las de las megaobras, las de los sobres sin nombre, las de las grandes ganancias del ladrillo, se dirigen ahora, como aves de rapiña, a por los beneficios que ven en los servicios públicos.

La gestión de estos servicios públicos no se rige por el principio de rentabilidad económica, sino por principios de reparto necesario y suficiente, para cubrir todas las necesidades sociales. Algo que ha de hacerse con el personal suficiente y necesario en las diferentes administraciones públicas de modo que se garantice unos servicios públicos de calidad.

LA LÓGICA DE LO PRIVADO

Sólo busca un interés económico particular, sin importar las necesidades de la mayoría de la sociedad. Obtener con el menor número posible de mano de obra el mayor beneficio posible, mediante la explotación de la plantilla y la eliminación de los derechos laborales busca la rentabilidad, el negocio para los y las accionistas y las y los gestores con las reglas de la competitividad y la productividad, sin importar las consecuencias sobre las necesidades sociales. Los elementos que se valoran son exclusivamente económicos y las decisiones se desligan de las personas.

Las personas tenemos que recibir estos servicios, como derechos de la ciudadanía, con personal suficiente para garantizar unos servicios de calidad.

Pretenden convertir los servicios públicos en mercancías que comprar y vender, donde las personas con bajos recursos (la mayoría) no tendrán acceso a ellos, y mucho menos con unas garantías mínimas de calidad, ya que su fundamento cambiaría de interés general a interés económico. Para ello la destrucción del empleo público es un paso más.

Con la destrucción del empleo público se destruyen los servicios públicos como derecho básico de todas las personas, se tiende hacia un escenario en el que tendrá agua quien pueda pagarla, educación quien pueda pagarla, buena salud, pensión suficiente, vivienda, etc… quien pueda pagarlas.

CGT denuncia:

Por el fin de las tasas de reposición en las administraciones publicas, por una adecuada atención a la ciudadanía, ¡más personal en las administraciones publicas ya¡

CGT por la defensa de los Servicios Públicos como derechos sociales suficientes para todas las personas.