Hace unos días que estamos observando colas inducidas de personas que esperan realizar los trámites para su regularización.
Las instrucciones misteriosas que aún no hemos visto escritas, ponen a nuestras compañeras en la tesitura de verse obligadas a no realizar su trabajo, presumimos que con el fin de alimentar la prensa amarilla, el discurso xenófobo del partido con nombre de diccionario y el discurso de su socio, el PP, que pretende trasladar la imagen de caos para usarla en beneficio politico.
Esta situación que ha manifestado nuestra compañera hoy miércoles ante los medios, no sólo pone en riesgo a las personas migrantes alimentando un discurso de odio y xenofobia, sino que no duda en poner en riesgo la salud del personal municipal para conseguir ese objetivo.
Hemos recibido llamadas de compañeras preocupadas por sentir que se les fuerza a incumplir el código deontológico que regula su profesión. Dicho modo de proceder, según entiende CGT, podría incurrir en un delito de coacciones, regulado en el artículo 172 del código penal, y consultaremos con nuestros departamentos jurídicos está situación.
El funcionariado, está sometido a obediencia, por lo que hemos pedido a las jefaturas que nos faciliten las instrucciones impartidas a su personal subordinado para entender de dónde parten y obrar en consecuencia, poniéndolo en conocimiento de la fiscalía si procediese.
Toda esta situación, resultado de una deficiente organización, alimenta un ambiente que puede desembocar en situaciones de violencia en el trabajo, enfrentando a diversos personal municipal que empieza a ver su camino profesional con la incertidumbre de hacer lo que entienden correcto, u obedecer una orden.
Vemos como determinadas personas «se ofrecen» a realizar los trámites, que son gratuitos, por diversas cantidades de dinero.
Cuando conseguir objetivos económicos o políticos se sitúa por delante de la humanidad nos encontramos frente a situaciones que la filosofía Anna Harendt definió como «La banalidad del mal».
El PP, hoy también en la DGA, se ha deshecho de las consejerías que ya hemos visto que es incapaz de gestionar en otras comunidades y las ha puesto en manos de quien es más que dudoso que pueda impulsar las.
La administración, en un estado democrático, debe de servir al INTERÉS GENERAL. Difícil situación vamos a abordar cuando parte de la dirección política se formó para servir al INTERES DEL GENERAL y aún persigue dicho objetivo.