Donde Alfonso dijo que no había sanción, ahora paga 3.000€.

El pasado catorce de octubre, el Sindicato CGT recibió una transferencia de 3000€ por parte del Ayuntamiento de Zaragoza. Abono de la sanción que el Tribunal Superior de Justicia de Aragón impuso al Ayuntamiento por VULNERACIÓN DEL DERECHO DE HUELGA.

El Ayuntamiento de Zaragoza acaba abonando la condena por vulnerar el derecho de huelga que Mendoza decía no existir. Donde Alfonso dijo que no había sanción, ahora paga 3.000€

El consistorio ha terminado pagando los 3.000 € impuestos por el TSJA, pese a que el concejal Alfonso Mendoza negó rotundamente la existencia de la condena. Al final, parece que la sentencia sí existía. Y la factura también.

Parece que los 3.000€ ya han encontrado su camino desde las arcas municipales hasta su destino. El Ayuntamiento de Zaragoza ha abonado finalmente la indemnización impuesta por el Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) por vulnerar el derecho fundamental de huelga durante el conflicto laboral de las instalaciones deportivas municipales.

Una noticia que tiene su particular ironía si se recuerda que el concejal, Alfonso Mendoza, negó rotundamente la existencia de esta condena ante los reproches de la oposición, mientras CGT acudía a recordarle que el Ayuntamiento tenía una cuenta pendiente.

Por aquel entonces, la sentencia parecía no existir o, al menos, esa era la versión que trasladaba el responsable municipal. Sin embargo, el tiempo, los tribunales y, finalmente, la transferencia bancaria han terminado poniendo las cosas en su sitio.

De negar la condena a pagarla

La historia tiene su miga. CGT tuvimos que acudir a los tribunales para denunciar la vulneración del derecho a la huelga durante el conflicto que se prolongó durante más de 650 días en las instalaciones deportivas municipales.

El TSJA dio la razón al sindicato y condenó al Ayuntamiento a indemnizarlo con 3.000€. Una cantidad que, aunque pueda parecer modesta para las cuentas del Ayuntamiento de Zaragoza, tiene un significado bastante mayor: una sentencia que reconoce la vulneración de un derecho fundamental. Esta es la Gestión de Natalia Chueca y su equipo, esta es su forma de hacer las cosas.

Cuando CGT acudió a la Comisión de Régimen Interior para reclamar el cumplimiento de la resolución, recordó también que el concejal había negado anteriormente la existencia de la condena. Ahora, con el dinero ya abonado, parece que el Ayuntamiento ha terminado reconociendo mediante los hechos aquello que antes se negaba a admitir.

La factura la pagan los de siempre

Y aquí llega la parte menos graciosa de esta historia. Los 3.000 € no salen del bolsillo de quienes gestionaron caciquilmente el conflicto, sino de las arcas municipales. Es decir, del dinero público.

La ciudadanía termina pagando la factura de una vulneración de derechos laborales que nunca debería haberse producido. Eso, nos da rabia porque no son responsables de sus actos, cual Emérito.

Mientras tanto, queda una pregunta en el aire: ¿habrá alguna explicación sobre aquella rotunda negativa a reconocer una condena que finalmente ha tenido que pagarse?

Porque, al final, las sentencias no desaparecen por negarlas, las obligaciones no se evaporan por mirar hacia otro lado y los 3.000€, por lo visto, tampoco.

Se puede negar una condena delante de una comisión municipal, pero resulta bastante más complicado negarla cuando llega el momento de pagarla.

Pendiente queda la resolución de otra denuncia interpuesta durante la misma huelga al sustituir a un trabajador en huelga, otra  vulneración del derecho de huelga (ta claro que no saben muy bien lo que es).

Hemos de recordar que la huelga se vio gravemente limitada por unos servicios mínimos impuestos de forma abusiva, hasta el punto de impedir en la práctica que pudiera ejercerse con normalidad el derecho fundamental de huelga. Lejos de garantizar únicamente aquellos servicios estrictamente esenciales, e incumpliendo una sentencia anterior que enumera cuales son los servicios mínimos en instalaciones deportivas, la imposición de estos servicios mínimos terminó desvirtuando el propio sentido de la huelga, dificultando que las trabajadoras y trabajadores pudieran ejercer efectivamente un derecho reconocido constitucionalmente y llegando finalmente a su desconvocatoria ante la imposibilidad de hacerla. Una situación que evidencia, una vez más, una gestión que antepone el conflicto y la imposición al diálogo y al respeto de los derechos laborales.

Desde CGT ya adelantamos que destinaremos los 3.000€ recibidos a continuar denunciando los desmanes de la Corporación municipal y del departamento de Recursos Humanos en su gestión de la plantilla municipal, ya que todavía queda mucho trabajo por hacer para defender los derechos de las trabajadoras y trabajadores.

Caciques, tenemos dinero, ese que vosotros tanto deseáis y nosotros tanto despreciamos, y sabemos muy bien cómo utilizarlo.