Desde la Sección Sindical de CGT del Ayuntamiento de Zaragoza, sabemos perfectamente que sufrimos los males que nos trae el neoliberalismo económico que embrutece, aún más si cabe, el capitalismo que prima el beneficio económico sobre el social. Los accidentes de trabajo aumentan cada año. En el año 2015, fueron nada menos que 515 las personas perdieron la vida en su puesto de trabajo, y 679 en 2022. La ley de prevención de riesgos laborales, no parece ser defectuosa, pues generalmente, la falta de aplicación de las medidas preventivas fueron el origen de los citados accidentes. Ya sea por circunstancias personales, falta de formación, o inaplicación de las medidas preventivas. Todas ellas han de ser contempladas en la evaluación de riesgos, pues como todas sabemos, el puesto se ha de adaptar a la persona trabajadora, y no al revés.

Existe la creencia generalizada, porque no sólo es una vez y una sóla persona a la que hemos escuchado esta afirmación, que la prevención de riesgos laborales es latosa, dificulta la ejecución del trabajo y que tiende a complicarlo todo, estableciendo una metodología que es imposible de cumplir. En el fondo de la situación que lleva a quebrantar las condiciones de seguridad en el trabajo, se encuentran el motivo económico y la prisa, siempre. Respetar tiempo de exposición a agentes como el calor implica un menor número de horas efectivas en la jornada o un aumento del personal necesario para hacer un trabajo, del mismo modo que el montaje de los elementos protectores son horas de trabajo que hay que añadir al del desarrollo de la propia actividad. En un mundo gobernado por la economía hasta tal punto que esta tiene mayor importancia que la vida de las personas, no debemos pensar que esto ocurre sólo en lejanos países. Poner en el lugar preferente a los beneficios, hace que se pierda totalmente la perspectiva de lo que implican realmente los ahorros en tiempo o dinero. Esas implicaciones tienen especial relevancia cuando hay que subir al tanatorio a despedir a una persona. Entonces, durante unos días, reflexionamos sobre las cosas mal hechas en el pasado, e incluso alguien piensa que sólo la fortuna es la que hace que quien ocupa un velatorio no sea él mismo.

Leemos en el Heraldo de Aragón las declaraciones de Román García Oliver, director territorial de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en Aragón (ITSS), respecto de los dos últimos accidentes mortales acaecidos en nuestra comunidad autónoma: “Son tareas totalmente identificadas para las que debería haberse planificado adecuadamente la actividad y las medidas preventivas antes de iniciarse“. Echando un vistazo al accidente cuyas circunstancias implican directamente a este Ayuntamiento, según se apuntó en un primer momento, la zanja estaba sin entibar, lo que hizo que el desprendimiento de la misma lo hiciese sobre el trabajador que estaba en su interior. El juego de los costes es aquí sorprendente. Según la plataforma generadora de precios de la construcción, el costo ahorrado es insignificante. Ronda los 20 euros por metro cuadrado. 7 metros de zanja por, tres de profundidad, 840 euros en total. . El ahorro, no sólo ha costado la vida a un compañero. Las personas que tuvieron que acudir a liberar al trabajador accidentado, debieron de acceder a la zanja en las mismas condiciones inseguras en las que ya se había producido un accidente, y las consecuencias de depurar las responsabilidades amenazan a un número considerable de personas con perder su puesto de trabajo. Hemos leído en prensa que el trabajador estaba solo y que fue una persona ajena quien avisó a los servicios de emergencia. De confirmarse este punto, está claro que es una situación totalmente irregular, y que, si las dejaciones que han llevado a este triste desenlace se calificasen como falta muy grave por parte de la empresa, la ley de contrataciones del sector público es clara. En casos de incumplimientos muy graves del ordenamiento social y laboral, una sentencia firme, inhabilitaría para poder contratar en el ámbito del sector público. La empresa que según dice la prensa estaba realizando los trabajos, tiene un alto porcentaje de contratación pública en sus actividades, tal y como leemos en la memoria de responsabilidad social del grupo. Caso de que esto ocurriese, que se sancionase en firme a Mariano López Navarro, se crearía una situación de un impacto grave en la economía del grupo, que podría ver reducido de forma muy crítica su campo de negocio.

En el mundo de lo real, de lo que sí ocurre, nos preguntamos: si en un grupo empresarial de esta magnitud, que ha obtenido homologaciones ISO y UNE en muchos de sus procesos, se da la circunstancia de que una persona pierda la vida al acceder a una zanja que está sin entibar, no podemos menos que reflexionar en las condiciones que desempeñan su trabajo las personas empleadas en empresas más pequeñas, extorsionadas por las contratantes más poderosas ajustando sus precios o condiciones y no digamos ya, la situación de trabajadores en régimen autónomo para quienes la coordinación empresarial y demás trámites son un tremendo jardín desconocido. Es por ello, que cuando yendo por la calle vemos personas trabajando sin casco, sin protectores auditivos, mascarillas, guantes, en escaleras sin asegurar, lo que constatamos es una situación imposible de controlar por la inspección de trabajo. Esto ocurre por la inhibición de las estructuras empresariales responsables de cada una de esas personas, que no hacen cumplir la ley de prevención como es su obligación.

No tenemos ninguna duda. Aquellas empresas que incumplen la ley de prevención de riesgos laborales de forma muy grave deben de inhabilitarse para la contratación pública, de hecho, lo contempla la ley. El Ayuntamiento ya sufrió hace unos años un episodio similar (sin resultado de muerte) en la planta potabilizadora. Las empresas implicadas (incluido el ayuntamiento) fueron sancionadas entonces debido a los incumplimientos en materia de coordinación empresarial. Tan sonado fue el caso, que en un trabajo fin de master de Gara Villalba de León sobre coordinación empresarial en el sector hostelero, elaborado en la Universidad de las Palmas de Gran Canaria, se cita a este Ayuntamiento de Zaragoza en el “capítulo 7 de Incumplimientos y responsabilidades en materia de coordinación de actividades empresariales“. La única duda que podríamos albergar sería si, en un caso con implicación de un grupo empresarial grande, la justicia será tan contundente como con una pequeña empresa. La duda se resolverá a lo largo de los próximos meses.

En todo este galimatías administrativo, quien más pierde, no es aquel o aquella que hace números y balances, sino quien se va y quien se queda sin el que se fue. Desde la Sección Sindical de CGT en el Ayuntamiento de Zaragoza, queremos mostrar nuestras más sentidas condolencias en tan trágicos momentos. Que la tierra sea leve al compañero perdido.