La Inspección de trabajo ha formulado un requerimiento formal al Ayuntamiento de Zaragoza por no realizar la adaptación del puesto de trabajo a un trabajador “Especialmente Sensible” en el Servicio de Instalaciones Deportivas.

Esta posible inacción y/o dejación de funciones por parte de la o las personas responsables de adaptar el puesto, vulnera el artículo 25 de la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales (PRL), que obliga a cualquier empresa, en este caso al Ayuntamiento, a proteger a los trabajadores y trabajadoras “Especialmente Sensibles” ante determinados riesgos.  Esta vulneración de la normativa de PRL está tipificada como INFRACCIÓN GRAVE en la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social.

Si el Ayuntamiento de Zaragoza fuera una empresa privada, se le habría impuesto una sanción económica que podría oscilar entre los 2.451 euros y los 49.180 euros; al ser una Administración Pública no se le sanciona económicamente, sino que se le formula un REQUERIMIENTO FORMAL sustitutivo de ACTA DE INFRACCIÓN.

No es la primera vez que el Ayuntamiento infringe la normativa de PRL como así viene documentado en sucesivos REQUERIMIENTOS FORMALES con INFRACCIONES GRAVES a lo largo de estos últimos años. Estos incumplimientos ponen en riesgo la seguridad y la salud de la plantilla municipal. Está claro que alguna parte de la cadena de mando no cumple con las responsabilidades y funciones en materia preventiva recogidas en el Manual del Sistema de Gestión de PRL del Ayuntamiento de Zaragoza.

Desde CGT, exigimos que, ante un REQUERIMIENTO FORMAL formulado por la Inspección de Trabajo, se depuren responsabilidades entre las personas encargadas de protección y seguridad de la plantilla municipal.